A veces se asocian en una UTE para que nadie quede afuera. En la práctica funcionan como «pool de empresas» con vínculos políticos que van rotando las obras y las licitaciones. Las denuncias de sobreprecios nunca fueron contestadas. El año pasado se invirtieron 320 millones de pesos mensuales.
Con la llegada de Carlos Rovira al poder se inicio un rápido proceso de crecimiento económico para algunos funcionarios renovadores y para algunas pocas empresas de la construcción en la provincia. Los sobreprecios en la obra pública y el arreglo de las licitaciones, se denuncian desde el inicio de la década renovadora, pero nunca se detuvo la maquinaria.
Ahora, con los avances de las investigaciones judiciales a nivel nacional; que complica a Lázaro Báez y a Cristóbal López, y el caso de corrupción en el que se investiga el pago de coimas de empresarios a funcionarios para obtener negocios de obra pública en Brasil; se hace más visible la similitud de las operatorias entre las contratistas y las autoridades provinciales.
Al inicio, la mayor parte de las obras cayeron en una misma empresa constructora; Spotorno SA, propiedad de Nelson Spotorno, padre de Roxana, la esposa del hoy presidente de la Legislatura. En esa época todavía existía exclusividad, ahora se disimulan las formas. Es que llegó un momento en el que Spotorno SA era sinónimo de obra pública millonaria y con sospechas de sobreprecios en la provincia. Por este motivo es que empezaron a aparecer otras empresas «nuevas» con distintos nombres que tenían detrás a los mismo actores y con los mismo intereses.
Hoy las principales obras las realizan no más de una docena de firmas. En la práctica funcionan como «pool de empresas» que van rotando las obras y las licitaciones. Estas contratistas además integran a veces una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para encarar las obras de mayor envergadura y para que nadie quede afuera del negocio. De hecho, es el sistema preferido por los funcionarios porque quedan menos visibles los nombres.
Un ejemplo entre tantos, el edificio Centro del Conocimiento, ubicado en Ruta 12 y acceso Oeste fue una obra de la empresa Carlos Nosiglia en UTE con Prat SRL; Ratti Construcciones SA; Giovinazzo SA y también Hidrelco SRL, que entre otras cosas fue la encargada de la construcción del Parque Tematico de Santa Ana por un valor de 80 millones. Además, a este listado se suman las empresas Carlos Enríquez, socio del exgobernador Maurice Closs en las Cataratas y especialmente la constructora ECIM SRL, una próspera empresa muy cercana a los Spotorno que construyó, por ejemplo, el Palacio de Justicia en medio de las denuncias de coimas y sobreprecios.
Estas afortunadas empresas además tuvieron la suerte de ganar licitaciones y realizar obras (algunas todavía en ejecución) en distintas partes del país gracias a los fluidos nexos de la renovación con los funcionarios del gobierno kirchnerista, ya que lograron varios millonarios contratos a través del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública, manejado en aquel momento por Julio DeVido. Casualmente, las mismas empresas también fueron las principales beneficiadas por la administración de Oscar Thomas al frente de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY).
Todas estas firmas realizan obras de arquitectura e infraestructuras, grupos de viviendas, edificios públicos, escuelas, etc. La amplitud es realmente notable. Es en este mismo escenario que la gran mayoría de las constructoras realizan los principales trabajos para Electricidad de Misiones (EMSA), Entidad Binacional Yacyreta (EBY), Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), Dirección Provincial de Vialidad (DPV), y prácticamente todos los ministerios renovadores. Incluso, las obras que se otorgan a los municipios, en casi todos los casos, ya se entregan con los «paquetes» cerrados a los jefes comunales y todas las empresas ya están incorporadas y con las tareas garantizadas.
Durante muchos años se denuncio licitaciones arregladas previamente y la existencia de importantes «retornos» con las autoridades, para obtener mejores resultados en las gestiones dentro del Estado, pero nunca se contestaron los pedidos de informes de cómo, cuándo y quiénes se llevan los recursos del Estado.
En definitiva, desde el comienzo del ciclo político renovador con Rovira, Closs y ahora con Hugo Passalacqua, la obra pública sirvió de puntal para el enriquecimiento de algunos pocos en la provincia. Sin ir más lejos, el propio ministro de Hacienda, Adolfo Safran en agosto del 2015 dio detalles de los millones de pesos que quedo en estas manos. El funcionario había asegurado que Misiones duplicaba la tasa de inversión en obra pública en relación con 2014. Y que en total se invirtieron 320 millones de pesos mensuales.