Por el crimen fueron acusados Matías Ortiz (hijo de la ex diputada provincial oficialista y hoy representante de Misiones y del NEA en el Consejo Federal de Seguridad Vial, Marlene Carballo) Gabriel Piotroski, Patricio Do Santos, Daniel “Chaparro” Núñez y Rubén Schnimg. Los cuatro primeros fueron absueltos el viernes 10 de octubre de 2008 por la jueza Alba Kunzmann de Gauchat, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Oberá (Piotroski y Ortíz estuvieron internados en una clínica privada de salud mental en Oberá y los otros tres en la cárcel local). Schnimg, el único que confesó estar en la escena del crimen haciendo de “campana” del resto, fue excarcelado el miércoles 19 de enero de 2011 luego de casi siete años de reclusión en la Unidad Penal 2 de Oberá bajo caución juratoria ordenada por la jueza Marta Arrúa-subrogante del Juzgado de Instrucción Uno de la misma ciudad-. Así las cosas no hay nadie detenido por el crimen y el único imputado espera una fecha de juicio oral que ni siquiera asoma en el mediano plazo. La causa está en un juzgado de San Vicente, según declaró la hermana de la víctima, Juana “Ticha” Bárbaro.
El miércoles 31 de marzo de 2010 la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de queja presentado por la familia Bárbaro y avaló el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Misiones que en su momento decretó la nulidad de pericias consideradas claves para dar con los responsables del asesinato. Eugenio Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Enrique Petracchi y Elena Highton de Nolasco fueron los cuatro integrantes de aquella corte que así fallaron.
“Ticha”, en un obligado curso acelerado de la ciudadanía, se transformó en un referente social de la lucha contra la impunidad. Durante una década y cada 17 de mes se hicieron marchas del silencio reclamando una justicia que nunca llegó. Figuras de la lucha nacional contra la impunidad como Juan Carlos Blumberg acompañaron esas marchas en Oberá.
La señora Bárbaro fue asesinada a golpes y enterrada cuando aún estaba viva en el sótano de su propia casa. Era físicamente discapacitada, una secuela que le quedó luego de haber sido una de los 6.940 afectados por la epidemia de polio en la Argentina de 1956, cuando ella tenía siete años de edad. El Centro de Estudios Legales y Sociales que preside el periodista oficialista Horacio verbitsky (CELS) , la Asociación por los Derechos Civiles y Poder Ciudadano fueron algunas de las ONG que metieron la nariz en el tema denunciando la intromisión del gobierno de Carlos Rovira en la Justicia. Vale recordar que el entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento y del Superior Tribunal de Justicia , Jorge Rojas-cuando era Horacio Alarcón el juez que estaba a cargo del caso-envió a un secretario con la orden de que Alarcón le enviara el expediente inmediatamente y que “se abstuviera de tomar cualquier resolución”.
En la Argentina las tragedias y los crímenes en las que se hace y deshace como se pretende son un escándalo que entretienen varios almuerzos familiares. Luego, ganados por la naturalización de la impunidad y el olvido, tienen el triste destino de convertirse en una efeméride.
Del crimen de “Marilyn” hoy se cumplen once.
Walter Anestiades