A través del decreto 530 del 20 de Mayo, el gobernador Hugo Passalacqua, decidió derogar todos las reglamentaciones anteriores y avanzó en la creación de una nueva «Comisión de Contención del Gasto Público» y se puso a la cabeza de la misma. Básicamente, mantiene las mismas características de la antigua comisión creada por su antecesor, Maurice Closs.
Sin embargo, la principal diferencia es que, en esta oportunidad Passalacqua se puso como el «presidente» de la misma para ejercer el rol de «coordinador general» y ubicó al vicegobernador, Oscar Herrera Ahuad, como «coordinador general alterno» de la comisión.
El mandatario asegura que es necesario una «reunificación» y «modificaciones» para lograr una mayor eficiencia en el control del gasto publico. De esta manera, Passalacqua ratifica que la anterior comisión tenía serias falencias, especialmente, mientras estuvo manejada por el exsecretario de Legal y Técnica, Marcelo Siniuk, y del principal asesor del exgobernador Closs, Enrique “Quique” Gross.
Con este instrumento legal, el gobernador ordena que la mayoría de los gastos del gobierno deberán contar con la autorización previa de la Comisión de Contención del Gasto Público. Por ejemplo, los viáticos fuera de la provincia, con excepción de los funcionarios con rango de ministros- secretarios del Poder Ejecutivo, presidentes de Entes Autárquicos y/o Descentralizados, titulares de los Organismos de la Constitución, y el Gobernador y Vicegobernador.
También serán controlados los contratos con relación de dependencia, la contratación de técnicos-profesionales y los contratos de locación de bienes muebles e inmuebles.
Passalacqua puso especial acento en el control de las contrataciones y/o locación de servicios por montos superiores a los 6.000 pesos mensuales o 54.000 anuales, como también aquellos que tengan una duración superior a un mes y que de su proyección anual resulten superiores a los $54.000.
Están alcanzados también la compra de bienes inventariables por montos superiores a la suma de $7.000 y la publicidad institucional. «La Comisión tiene por función controlar el gasto público y analizar las medidas conducentes a lograr un ahorro en los gastos del Estado provincial, que permitan una contención de los gastos que no resulten esenciales para el funcionamiento del Estado”, se asegura en el decreto publicado.