Ante la inminente aprobación de la Reforma Judicial que impulsa el kirchnerismo con los partidos provinciales aliados, entre ellos el Frente Renovador, este medio dialogó con el abogado que asesora a la Central de Trabajadores Argentinos, Horacio Megueira, quien se mostró decididamente en contra de la iniciativa. Entre los puntos más cuestionados por el letrado, estuvieron la creación de la Cámara de Casación de la Previsión Social y del Trabajo, porque duplicaría el término de los procesos, y especialmente, la limitación a las cautelares. Megueira explicó que este derecho ha tenido un sentido social de defensa de las minorías políticas y sociales, y con la reforma será drásticamente limitado. Asimismo, el letrado advirtió que con el artículo 17 del proyecto de regulación de las cautelares, está pensado para conculcar el derecho a huelga de los trabajadores.
“No es ni reforma ni es democratización, son un conjunto de medidas para asegurar una mayor injerencia del ejecutivo en el poder judicial”, opinó el abogado de la CTA, para quien hay “un retroceso en la posibilidad de tutela judicial para el reconocimiento de los derechos de los trabajadores.”
Con respecto a la limitación a las cautelares contra el Estado, Megueria aseguró que “se convierte en un hecho insostenible. Cualquier persona del ámbito académico o jurídico no puede sostener sin sonrojarse que las medidas cautelares pongan límite a las que pueden tomar los trabajadores o los particulares contra medidas adoptadas por el Estado”, señaló en referencia al controvertido artículo 17 del proyecto de regulación de las cautelares.
Ese artículo, “le concede al Ejecutivo la posibilidad de interponer ante los jueces, una cautelar a fin de asegurar los transportes o el servicio público. Esto lo hemos interpretado como una forma indirecta de interponer recursos contra las medidas de fuerza”, explicó el abogado, quien recordó que el derecho a huelga ya está reglamentado desde 2004 por la ley 25877. “Este mismo gobierno fue elogiado por la OIT (Organización Internacional de Trabajadores) por la regulación. Ya está regulado el derecho de huelga y sólo puede haber restricciones cuando se trata de servicios esenciales. Ahora por una vía indirecta, (se limita) el derecho de huelga”, aseguró Megueira.
Por otra parte, el abogado no se mostró sorprendido por este tipo de iniciativas, que según él obedecen a una correlación de fuerzas distinta de la de 2003 y a un “plan preconcebido” de gobierno, que es el que los Kirchner implementaron en Santa Cruz, desde los años noventas.
“La ideología (progresista de los Kirchner) es un efecto propagandístico”, sostuvo el abogado, para quien el kirchnerismo se pronuncia por izquierda pero gobierna por derecha.
Volviendo al tema de las restricciones a las cautelares contra el Estado (que sólo se podrán extender por 6 meses como máximo), el letrado argumentó que “las medidas autosatisfactivas se tornan imposibles. Se le impone límites temporales inferiores a los procesos judiciales y al introducir una cuarta instancia (la tercera Cámara de Casación mencionada), si ahora el promedio de los juicios es de 4 años, se puede duplicar.”
“Esto tiene fines ocultos”, alertó Megueira, quien aseguró que la limitación a las cautelares persigue fines económicos, al desalentar los juicios contra el Estado y limitar el derecho a huelga, sobre todo de los trabajadores estatales. “Reinstalar a un trabajador por su actividad sindical, tardaría muchísimo más porque se impiden las cautelares. Tendría que esperar 4 años para ser reinstalado”, insistió.
Por otra parte, de acuerdo con Megueira, “las cautelares han preservado derechos”, subrayó el letrado, señalando que estas medidas han sido fundamentales para restituir el trabajo a obreros despedidos por actividad gremial, para impedir el desalojo de comunidades indígenas, para frenar “tarifazos” y afectaciones al medioambiente.
El letrado admitió que ha habido un uso abusivo de las cautelares, tal como lo plantean dirigentes del gobierno nacional (como por ejemplo en la Ley de Medios) No obstante, Megueira remarcó que las cautelares “han preservado derechos de los más débiles. Los pobres ya tenían dificultades con estas medidas van a tener mayor dificultad (en el acceso a la justicia) De ninguna manera se sigue la legislación de otros países”, donde se busca el acceso permanente de los que menos tienen a la justicia, a través de juicios abreviados, según el abogado.
“Los que más tienen resuelven su conflictividad de otra manera. Para los derechos civiles, políticos y sociales, se requiere un acceso rápido urgente a la jurisdicción”, insistió.
Finalmente, Megueira cuestionó la reforma del Consejo de la Magistratura, que asegurará una influencia decisiva para el poder político en la designación, remoción y disciplinamiento de los jueces. El abogado rechazó la elección de consejeros por voto popular, porque “el poder judicial no es un órgano de representación, sino de contralor, de equilibrio. Que tiende al control de los otros dos poderes, pero debe tener un requisito, la independencia. (Desde el gobierno) entienden que los tres poderes deben estar subordinados al proyecto general, el modelo, lo que rompe con los derechos de las minorías sociales y políticas”, concluyó.
Fuente: Misiones Cuatro