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El gobierno gasta millones en combustible pero los móviles policiales no tienen nafta

A penas se conoció la noticia de la última compra de más de 21 millones de pesos de combustible para los móviles de la fuerza estallaron las críticas. Hace años que se repiten las excusas en las comisarías. Las autoridades provinciales nunca reconocieron la situación, pero la población siempre se encuentra con la falta de algún servicio de seguridad porque los efectivos policiales aducen continuamente la carencia de nafta para los patrulleros.

«Cada vez que llamamos, nos dicen que no tienen nafta y por eso no vienen», aseguró un televidente a TVA de Misiones Cuatro y fue una frase que resumió con claridad la cantidad de mensajes recibidos denunciando la misma situación. Es más, es un reclamo que viene desde hace años.   

La semana pasada se conoció que el exgobernador de la provincia, Maurice Closs  y su empresa “Petrovalle S.A“, con domicilio legal en avenida de las Américas 1005 de la localidad de Aristóbulo del Valle, Misiones, se en bolsillo 11.764.600 pesos en una sola operación de venta para la policía.

Se trata de una millonaria compra de 21.278.600 pesos, autorizada por el decreto 167, donde también gana suficiente el intendente Diego Sartori a través de su empresa “Adolfo Sartori S.A.“, con domicilio legal en Avenida Belgrano N° 977, de la localidad de Leandro N. Alem, quien cerro negocio por 5.756.400 pesos.

En la operación también figuran otras empresas del rubro. “Petromisiones S.A.”, con domicilio en Avenida Santa Catalina N° 4672 de la ciudad de Posadas, Misiones, vendió vales de combustible por 2.318.500 pesos. Y  “Raúl E. Alonso S.R.L.”, con domicilio en Avenida López y Planes N° 3.524 de la ciudad de Posadas, que recibió 1.439.100 pesos del Estado.

Como puede observarse, las empresas de Closs y Sartori se llevan muchos más millones que los demás empresarios privados. Por este tipo de operaciones el diputado nacional tiene varias denuncias penales que jamás avanzaron en la Justicia. Irónicamente, el ahora presidente de Aguas de las Misiones, Jorge Galeano, fue uno de los que formulo tales acusaciones en su pasado opositor.

Los delitos que se le imputaron mientras Closs era ministro Coordinador de Gabinete del gobierno fueron “incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función” por sus contrataciones directas y licitaciones. Para Galeano en aquel momento, Closs incurría en “incumplimiento de los deberes de funcionario público” porque un funcionario no puede hacer negocios con el Estado“.

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