Vale recordar que la prestataria del servicio de luz aplicó aumentos desmedidos a los usuarios amparándose en la medida del Gobierno nacional de quitar los susidios al sector. Los que provocó malestar en los ciudadanos quienes se expresaron marchando en la jornada del lunes en distinto puntos de Misiones.
En este contexto y haciendo hincapié en la representación parlamentaria que le asignó electorado, la legisladora misionera además pidió que tras la verificación y en caso de comprobarse irregularidades se determine las responsabilidades de las mismas mediante acciones administrativas y judiciales.
La diputada Rojas argumentó en su proyecto que “el suministro de Energía Eléctrica constituye un Servicio Público (arts. 58 y 59 de la Constitución Provincial). Ergo, tiene como cometido la satisfacción de una necesidad esencial de la población. Por ello, independientemente del carácter público o privado de la entidad prestataria de tal servicio, el cumplimiento de dicho cometido público es primordial y debe, por tanto, estar sujeto a la fiscalización y control de la disposición de los fondos públicos asignados presupuestariamente para la prestación del Servicio Público de suministro de Energía Eléctrica”.
“Dicho contralor se halla previsto el artículo 133 de la Constitución Provincial, que lo atribuye al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia”, indica en la iniciativa presentada y agrega “este Organismo Constitucional, a través de diversas disposiciones regula su intervención y actuación en diversos supuestos, siendo del caso resaltar su Reglamento interno y de actuación administrativa, y la Resolución 235/14 TC sobre la obligatoriedad de Rendir de Cuentas de subsidios, aportes y/o subvenciones recibidos por personas Físicas y/o entidades de derecho público no estatales o de derecho privado”.