Almafuerte. Se conoció este fin de semana que el actual intendente de Almafuerte, Jorge Luis Asselborn, estaría salpicado con la entrega irregular de pensiones no contributivas por invalidez otorgadas por la ANSES según datos aportados por la Unión Cívica Radical. Este tipo de pensiones fueron creadas para favorecer a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 76%, comprobado por un certificado médico oficial (CFO) de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Sin embargo, en varios municipios de la provincia como Candelaria, El Soberbio, Santo Pipó, y ahora Almafuerte, se realizaron denuncias por la existencia de personas vinculadas al intendente que cobraban este beneficio sin estar en situación de discapacidad.
Sobre el nuevo caso de Almafuerte, el diputado provincial Gustavo González (UCR) señalo “tras la realizar la denuncia penal por la entrega irregular de 48 pensiones por invalidez a familiares y allegados de la intendente en Santo Pipó, seguimos investigando el tema y hemos detectado más situaciones irregulares. Nos llamó la atención por ejemplo, que el intendente de Almafuerte este salpicado directamente, porque hasta él cobra una pensión por invalidez, cuando no estaría reuniendo las condiciones requeridas para acceder a ese beneficio”.
Sobre la situación de Asselborn, las averiguaciones confirmaron que además de ser el intendente de Almafuerte, figura como monotributista “categoría E” en el rubro agrícola, se encuentra asociado a la COFRA como productor ganadero, entre otras condiciones laborales y jurídicas, que no cuajarían con los requisitos necesarios para acceder a las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez. Cabe recordar que para la entrega de las pensiones por invalidez, se requiere de la firma de un médico, del intendente local, y de la certificación final de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
González pidió “seriedad y decencia” o los organismos involucrados en la entrega de pensiones
Ante los reiterados casos de entrega irregular de pensiones por invalidez González pidió “seriedad y decencia a los organismos y personas involucradas a la hora entregar y certificar este tipo de pensiones, porque lo que detectamos son cientos de personas que cobran estos recursos desde hace varios años, y que sumado en su conjunto, son millones de pesos de fondos públicos que están siendo malgastados. Siempre decimos que la corrupción implica que el dinero que tendría que ir a mejorar el salario a los docentes y de la salud pública, termina despilfarrado en cualquier otro lado, y con estas cuestiones queremos terminar”.
Finalmente González destacó “queremos garantizar que las personas que realmente reúnan las condiciones para recibir una asistencia del Estado, no sean perjudicados por los amigos del poder que se benefician siempre».