«En una sesión extraordinaria, convocada para tratar la restitución del nuestro concejal Gabriel LLamas, éste mismo fue agredido física y verbalmente, cuando intentó entrar y presenciar la sesión. Una patota política impedía también el paso a disputados y autoridades partidarias de Cambiemos, que intentaron ingresar al recinto, donde los 5 concejales de la Renovación decidieron no acatar la orden judicial de reintegrar al concejal LLamas a su banca.
En una República las decisiones judiciales se acatan. Es inadmisible la actitud que asume el oficialismo en el Concejo Deliberante de Iguazú. La desobediencia a una orden judicial tiene sanciones penales.
Ante tales hechos de gravedad institucional y conducta antidemocrática, el PRO, partido al que pertenece el concejal LLamas, iniciará las acciones penales correspondientes, demandando a los 5 funcionarios públicos, que se negaron a cumplir la manda judicial».
Posadas 02 de Diciembre
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