“Tras haber transcurrido meses de haberse dispuesto la Auditoria a EMSA, los misioneros no tuvimos noticias de su avance y lo concreto es que cada día la empresa es noticia por cortes de energía, deficiencias en el servicio y hasta objeto de embargos judiciales”, sostuvo González, al conocerse en las últimas horas el reclamo de los trabajadores por deudas salariales e incumplimientos del Convenio Colectivo. EMSA Y EL IPLYC ESTÁN INCUMPLIENDO LA LEY AL NO DIFUNDIR SUS BALACES Por otra parte, el Presidente del Bloque Radical precisó: “requerimos los Balances Contables amparándonos en la Ley Provincial de Acceso a la Información Pública. Ya vencieron los plazos y ambas empresas están en falta”. El pedido de los Balances Contables de ambas empresas estatales se realizó el pasado 2 de Diciembre y hasta el momento no hubo respuestas de la Subsecretaria de Seguridad y Justicia a cargo del Ministerio de Gobierno. “El plazo estipulado según el requerimiento es de 5 días hábiles, el cual ya venció sobradamente. Se trata de información que no requiere complejidad, dado que pedimos únicamente copias de balances ex post, que según palabras de “Pity” Ferreyra y Balero Torres no tendrían problemas en entregar dichos balances” precisó González. “Cuando fuimos a reiterar el pedido, nos dijeron que entrarían en feria y recién para febrero nos entregarían dicha información. La situación de estas empresas es poco transparente y sospechosa, y podrían presentar focos de corrupción por los déficits y malversación de fondos” sostuvo el legislador. HACEN FALTA MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ÁGILES “Las empresas del Estado Provincial son de todos los misioneros, con lo cual la información sobre gastos e ingresos, proveedores, funcionarios y empleados; debe estar al alcance de todos los ciudadanos. Nadie sabe cómo se gasta la plata de EMSA y el IPLyC, ni cuántos ingresos recaudan anualmente”, señala González. “Con las tecnologías existentes, la información que solicitamos debe estar colgada en una página web, pero eso no existe, ya pasaron meses desde que solicitamos los balances en la Legislatura, y más de 15 días desde que lo solicitamos amparándonos en la ley de acceso a la información pública que establece un plazo de 10 días hábiles para contestar”, finalizó el legislador.
