“La intervención a Vicentin es ilegal, inconstitucional, y económicamente inoportuna”

Lo resaltó el diputado nacional Luis Pastori. “El presidente no está facultado para intervenir una empresa privada, para ello se necesita una ley del Congreso” dijo.

Este martes el diputado nacional de Juntos por el Cambio dialogó con un programa informativo de una radio con alcance para toda la Provincia, y se refirió a la intervención por decreto de la empresa agro exportadora Vicentin. “El poder ejecutivo no está facultado para intervenir una empresa privada, esto necesita una ley previa del Congreso que declare la utilidad pública de lo que se quiere expropiar, que además debe determinar una indemnización que debe ser previa, para poder recién apropiarse de un ente privado” dijo.

“Nadie está en contra de la intervención del Estado en la economía, el punto está en establecer los límites: ¿en qué temas, en que actividades, y en qué áreas debe intervenir el Estado, y en cual debe dejar a la iniciativa privada? Este es un claro ejemplo que debe ser llevado adelante por la iniciativa privada, y el Estado debe velar para que no haya arbitrariedades como lo marca la ley de sociedades comerciales, y que no es este el caso, ya que Vicentin está en concurso de acreedores y un juez está actuando en la causa, con lo cual, ha pasado por encima del Congreso y de la propia Justicia, de modo que tiene vicios legales y constitucionales de todo tipo” manifestó.

“No podemos pretender que cualquier empresa en problemas pueda ser apropiada por el Estado a través de un simple decreto. Hay un ala del gobierno que dirige Cristina Fernández, que tiene la idea de intervenir empresas y que se está imponiendo sobre la otra ala más moderada. Hace un mes la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos hablo de intervenir empresas, y el presidente Fernández descartó esta idea diciendo que eran “ideas locas”, y 10 días después se toma esta decisión de intervenir” recordó Pastori quién finalmente recordó  que “el DNU debe pasar por una comisión bicameral, y luego debe ser tratado por ambas Cámaras del Congreso”.

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