Posadas. El presidente del Partido Agrario y Social Isaac Lenguazaratificó hoy la denuncia penal por presunto incumplimiento de los deberes defuncionarios públicos y abuso de autoridad, entablada contra el intendente dePosadas por haber autorizado el último aumento del boleto de colectivos sinfundar los motivos por los cuales se apartó de las conclusiones de la audienciapública desarrollada el pasado 28 de noviembre.
Además solicitó que se cite a declarar como testigos a losconcejales radicales Martín Arjol, Pablo Velázquez y José Pianessi, quienes elpasado 2 de enero solicitaron formalmente al Ejecutivo que publicara lasconclusiones de la audiencia pública según lo manda la ordenanza XI N° 80 quereglamenta esta instancia de participación.
Esto, a los fines de demostrar que no serían ciertas lasdeclaraciones públicas del secretario de Gobierno de la comuna, José Moglia,quien aseguró que el intendente tomó en cuenta los resultados de la audienciapara dictar el controvertido Decreto que autorizó la suba, y que lasconclusiones “están al alcance de todos”.
Moglia había anunciado en diciembre que antes de fin de añose realizaría una conferencia de prensa para dar a conocer las conclusiones,tal como lo ordena la Carta orgánica Municipal, pero esa exposición pública nose realizó. También dijo que iban a publicar los resultados en la páginaoficial de la Municipalidad, pero tampoco se hizo.
La denuncia penal se radicó a los fines de que la justiciainvestigue si se cometieron delitos en la tramitación de los actosadministrativos que autorizaron un aumento de tarifas de servicios públicos sinfundar en dicho acto el porqué se apartaron de sus resultados, tal como obligala Ley.
La Carta Orgánica Municipal, en su artículo 47 establece quele alcanza al titular del Departamento Ejecutivo municipal la obligatoriedad defundar los motivos por los que se apartódel rotundo rechazo a la medida y los múltiples planteos técnicos y jurídicosexpresados por los ciudadanos en contra de un nuevo aumento tarifario enocasión de la Audiencia Pública realizada al efecto. “Si se incumple esteprecepto clarísimo, la audiencia no pasa de ser un burdo montaje para hacercomo que cumplen, al solo fin de beneficiar al monopolio del transporte. Todoslos que participamos estábamos conscientes de la relación de la comuna con losconcesionarios y de que las intenciones no fueron las que se dijo, lo que noimplica que nos callemos cuando hay un incumplimiento de este tipo. Es nuestrodeber como ciudadanos y mi deber como abogado y miembro de un partido político,defender nuestros derechos hasta las últimas consecuencias”, finalizó Lenguaza.