Posadas. La iniciativa contó con el acuerdo de los integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de los Derechos Humanos, Municipales y Juicio Político; junto con la de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos de la Legislatura.
Este mecanismo implicará la puesta en funcionamiento de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, en el ámbito de la Cámara de Representantes, que tendrá a cargo la evaluación y seguimiento de la aplicación de la Convención Nacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en todo el territorio de la provincia, en todos los lugares de detención de jurisdicción provincial.
Se entiende por lugar de detención, cualquier establecimiento bajo jurisdicción o control provincial, así como cualquier otra entidad de carácter público o privado, donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad.
Se prevé que esta Comisión ejerza funciones de manera independiente, actuando en forma coordinada y articulada como organismo local complementario del que se constituya en el ámbito nacional como Mecanismo Nacional de Prevención.
Estará integrada, con carácter ad honórem, por tres representantes de organismos de derechos humanos no gubernamentales, que demuestren experiencia y conocimiento del tema y que no se hubieran desempeñado en funciones de responsabilidad o asesoramiento político en los poderes del Estado, en el curso de los últimos dos años; dos miembros postulados por el Poder Legislativo; un miembro postulado por el Poder Ejecutivo y un miembro postulado por el Poder Judicial.
Tendrá por funciones realizar visitas periódicas, sin necesidad de aviso previo, a todos los edificios carcelarios, unidades policiales y otros lugares de detención o encierro, sean públicos o privados; recibir denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad; realizar informes sobre las condiciones de detención en que se encuentran las personas privadas de su libertad; elaborar propuestas, realizar sugerencias y recomendaciones sobre políticas públicas a adoptar en la materia, sobre el mejoramiento de las prácticas carcelarias y otros lugares de encierro; entre otras.