(Posadas y Eldorado) . Alicia Castillo es la hija de María Ovando y TVA Misiones Cuatro entrevistó a la abogada Roxana Rivas, quien fuera la defensora de María en el trascendente juicio de fines de 2012, cuando se la culpó por la muerte de su hija Carolina Ayala en un contexto de exclusión social y abandono por parte del Estado provincial. Rivas no dudó en calificar al fallo de una “aberración jurídica y social”, porque la salud de las niñas podría ser asistida sin separarlas de su madre y su familia. Asimismo, Rivas señaló que existe mucho prejuicio contra la familia Ovando, lo cual explicaría en parte la decisión judicial.
“Alicia tiene seis hijos, dos gemelitas, una de ellas con un problema congénito y crónico. Con todo lo que eso implica y la falta de recursos, la jueza (Potschka) le preguntó a María si podía hacerse cargo de la nena (que requiere) un tratamiento especial. Y bueno, María que vive con 14 personas tampoco está en condiciones, entonces lo que consideraron que era una solución era institucionalizar a un bebé de un año y un mes y su hermanita, (separándolas) de su mamá”, explicó Roxana Rivas, quien advirtió que “la salud no se limita únicamente a la cuestión alimentaria, y menos en esa edad de crecimiento. Un bebé que sólo reconoce a la mamá como fuente de afecto y contención”, remarcó Rivas.
La abogada que junto a su colega Eduardo Paredes defendiera a María Ovando en el juicio de Noviembre del 2012, explicó que lo que van a plantear es que “si hay que institucionalizarlas (a las niñas) porque la madre no tiene recursos para garantizarle los alimentos, que lo haga, pero con la madre. De ninguna manera puede ser una solución separarla de la mamá”, comentó Rivas, quien aclaró que la decisión judicial está ligada a la falta de recursos y no a supuestos malos tratos, como se difundió desde un medio afín al gobierno provincial.
“En ningún Estado de Derecho la solución puede ser separar al bebé de la madre”, enfatizó Rivas, para quien hay que “garantizar que cualquier tipo de recuperación, tiene que ser con la madre, presente.”
Ante una consulta al respecto, la Dra. Rivas informó que las niñas más pequeñas de Alicia estaban incluidas en el plan “Hambre Cero”, pero la niña que tiene problemas intestinales congénitos requiere de una alimentación especial que ese programa provincial no puede proveer. En este sentido, Rivas apuntó a la responsabilidad del Estado provincial por la situación y comentó que “si la decisión del Estado a través del poder judicial, va a ser separarla de su mamá para garantizarle la alimentación, es una aberración jurídica y social”, por el efecto negativo que tiene la separación de un bebé enfermo de su madre.
Por otra parte, la abogada subrayó que según lo informado por la trabajadora social que trabaja con la familia, la beba había mejorado a partir de su revinculación con su hermana gemela. “Estamos en la prehistoria jurídica y médica”, cuestionó Rivas.
Con respecto a la situación de Alicia Castillo, la abogada informó que ella también sufría de violencia de género, al igual que su madre, María Ovando. “Fue rescatada de Irigoyen, porque vivía una situación de violencia con el marido y así, con la bebé enferma, se instala con María, (cuya) situación sigue siendo estructuralmente complicada. Todos los hijos de María están (inmersos) en la misma situación de pobreza y violencia”, reveló la abogada.
En el tramo final de la entrevista, Rivas sostuvo que “hay mucho prejuzgamiento de todo tipo acá. (Prejuicio) que tiene que ver con la pobreza, con la idea de que hay descuido, porque en realidad vemos que se usa ese concepto desde los médicos. Es muy difícil (establecer) qué es cuidar o no cuidar a un bebé, con el estado de precariedad en el que vive la madre. Es el mismo contexto en el que vivía María. Sí hay muchísimos prejuicios”, reflexionó Rivas.
Recordemos que Rivas y Paredes fueron los abogados que consiguieron la absolución de María Ovando, quien estuvo dos años presa por un fallo condenatorio a raíz de un supuesto “abandono de persona” de su hija Carolina Ayala, que murió en un contexto de vulnerabilidad social y abandono del Estado en 2011. El Tribunal Penal de Eldorado dejó sin efecto esa condena por considerar que el fallo del juez de instrucción penal Roberto Saldaña era sexista, obviaba las responsabilidades del Estado provincial e implicaba la criminalización de la pobreza. María Ovando (37 años) era analfabeta, sobreviviente de violencia de género y madre de 12 hijos.