Este martes 17 de Marzo se conoció la denuncia del diputado de la UCR por la Ciudad de Buenos Aires Manuel Garrido, quién acompañado por el diputado misionero Luis Pastori junto a otros legisladores nacionales radicales, presentaron un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados para promover el Juicio Político del Congreso al actual vicepresidente de la Nación Amado Boudou. Según se detalla en el proyecto, el pedido se funda en el artículo 53 de la Constitución Nacional que regula el procedimiento de juicio político a los funcionarios del Estado Nacional a causa del mal desempeño y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
Sobre los causales del mal desempeño, Pastori precisó que “el vicepresidente se encuentra con dos procesamientos firmes por comisión de delitos graves, ambos confirmados por tribunales de alzada, como así también con inconsistencias en sus declaraciones juradas. El primer caso tiene que ver con la compra de la Empresa Ciccone Calcográfica, donde, como sostiene el juez Ariel Lijo, Boudou junto a Jose Maria Nuñez Carmona adquirieron Ciccone a través de la sociedad “The Old Fund” y Alejandro Vandenbrole, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial. El claro delito es que el entonces Ministro de Economía no puede ser a la vez funcionario y proveedor del Estado. Para el juez, se probó el vínculo entre Boudou y Carmona con Vanderbrole, y que estos eran los verdaderos dueños de The Old Fund”.
Por otro lado, Pastori se refirió al otro procesamiento que afrenta el vicepresidente “se trata de la causa que lleva a cargo el Juez Bonadío, y como surge de la imputación del Fiscal Federal Guillermo Marijuán, Boudou fue partícipe de una transferencia irregular mediante documentación falsa de un automóvil marca Honda, expidiéndose de dicha maniobra un título de propiedad y una cédula de identificación automotor del vehículo ideológicamente falsos”. Pastori además precisó las irregularidades que tendría la declaración jurada de Boudou, que sería la otra causal del mal desempeño de sus funciones, “es que las declaraciones juradas correspondientes al periodo 2007-2001 del vicepresidente, que fueran presentadas ante la Oficina Anticorrupción y ante el juzgado de Juez Lijo, no coinciden entre sí, además que muestran un aumento de sus bienes y patrimonio que no puede ser justificados.”
Garrido “el análisis de la responsabilidad política, no está supeditada a los avances que pueda tener la Justicia”
En los fundamentos del pedido de juicio político, el diputado nacional Manuel Garrido argumentó que “el Congreso de la Nación tiene la responsabilidad de juzgar el comportamiento de los funcionarios de más alto nivel institucional cuando se den alguna de las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Esta responsabilidad no está supeditada a los avances que pueda hacer la justicia, que deberá determinar si existe o no responsabilidad penal del vicepresidente, mientras que el juicio político deberá determinar si Boudou debe seguir siendo vicepresidente de la Nación, o si debe dejar de serlo”.
Para Garrido “la espera o remisión del veredicto de la justicia equivaldría a eludir la asunción del ese papel institucional fundamental del Congreso, que es por otra parte, el latiguillo con que el oficialismo pretende cobijar y mantener la impunidad de funcionarios involucrados en graves casos de corrupción. Los avances en la causa, el estado de sospecha verificado por el juez interviniente y por la Cámara del Fuero, sumado a la intimidación de testigos y desplazamiento de anteriores funcionarios judiciales, entre otras presiones a las que el vicepresidente no ha sido ajeno, justifican el inicio de un procedimiento de Juicio Político”.