Posadas. Puntualmente, la crítica del PAyS sobreviene a la enorme cantidad de quejas de los usuarios de los colectivos en Posadas, Garupá y Candelaria por el maltrato que reciben al tramitar la tarjeta SUBE, por el valor desmesurado de las renovaciones del plástico –que costará setenta pesos por pasajero-, por la oscuridad reinante en torno de quiénes componen la SA que se dedica a la impresión y cobro del sistema electrónico de boletos, por las exigencias ilegales incorporadas por la empresa para la vigencia de los boletos escolares o de jubilados (ver recuadro) y “por la incongruencia de cobrar mas caro un boleto único por el mismo servicio por el solo hecho de que el pasajero no cuente con la tarjeta”.
El pasado jueves, el bloque del PAyS logró la aprobación de un proyecto de comunicación por el cual se solicitó al Poder Ejecutivo que suspenda indefinidamente la vigencia de una tarifa diferenciada para el transporte urbano entre quienes tramitaron la tarjeta SUBE y quienes no la tengan, ya que hasta el momento sólo se obtuvo una prórroga en la aplicación que vence el 13 de julio de este año. Para el PAyS “no se puede cobrar un boleto 30% mas caro por el mismo servicio, particularmente porque no se sabe si es verdad que solo los boletos que se pagan con la SUBE están subsidiados, como dice la empresa”.
En la misma sesión, Bárbaro solicitó la presencia del subsecretario de transporte de la provincia, Hermes Almirón, para que explique ante la Legislatura los fundamentos técnicos y legales de la vigencia de la SUBE y del cuadro tarifario diferenciado, y los resortes legales que sustentan la presencia de la empresa Servicios Urbanos SA en Misiones, que presta el servicio de la impresión, control y recarga de las tarjetas de colectivo mediante una contratación directa ordenada por Decreto de la Municipalidad de Posadas, pero que pretende tener validez para los usuarios de otras dos localidades.
“Estuvimos investigando y vimos que existen muchos puntos oscuros en la vigencia de la SUBE en Misiones. Las quejas de los usuarios son miles y nadie hace nada, padecen un maltrato tremendo para sacar la SUBE, faltan centros de recarga, existe cobro de sobreprecios para la recarga, pretenden que cada usuario pague setenta pesos para la renovación cuando pierda la tarjeta, no entregan ningún comprobante de la recarga, las máquinas lectoras no siempre andan, se cobra cualquier cosa arriba del colectivo… es un descontrol y eso nos obliga a meternos de lleno en este tema” dijo el legislador.
“La empresa de la SUBE pretende cambiar la ley”
Bárbaro señaló que otra de las preocupaciones del espacio político que representa es que “una firma que no sabemos quiénes la integran ni quiénes están detrás, pretende cambiar la ley y las ordenanzas estableciendo requisitos que ni las propias normas contemplan para que los chicos gocen del boleto escolar, o los abuelos del boleto gratuito”.
El legislador dijo que sin sustento normativo alguno, la empresa Servicios Urbanos SA estableció que los chicos en edad escolar, tanto primarios, secundarios como universitarios, “deberán renovar los datos de la tarjeta cada seis meses y además deberán certificar los horarios en los cuales tienen clases y gimnasia, y esto no está contemplado en la Ley de creación del sistema integrado de transporte metropolitano ni en las ordenanzas, que sólo indican que los chicos en edad escolar tendrán derecho al beneficio. Es decir que cualquier exigencia que no esté contemplada en la ley es ilegal, además de peligrosa porque a los chicos ante la disyuntiva de pagar o no ir a la escuela, lo que representa un atropello inadmisible del derecho a la educación”. También los abuelos que suben gratis a los colectivos tendrán que renovar la SUBE cada seis meses, “y éste es uno más de los muchos atropellos e ilegalidades en la que incurre la empresa mientras el Estado, que es el dueño de la concesión y del servicio público, mira para otro lado”.