Posadas. A través del proyecto presentado desde el bloque radical, se establece además la conformación de un órgano de contralor que recepcione denuncias de particulares sobre usos indebidos y libre sanciones que vayan desde apercibimientos y multas hasta la separación del cargo, según el caso.
El Expediente 1000-C fue ingresado esta semana en el Concejo Deliberante posadeño por el concejal Martín Arjol, quien expresó que esta iniciativa busca garantizar “el correcto uso de los bienes del Estado y la propia fidelidad de los funcionarios públicos, encargados de velar por el cuidado de las propiedades públicas”.
Entre los argumentos del proyecto que será tratado de manera conjunta en las Comisiones de Legislación General, Régimen del Empleado Público y Enjuiciamiento, de Tránsito y Transporte y de Hacienda y Presupuesto, se detalla que el artículo 260 del Código Penal también se refiere al uso indebido de los bienes públicos: “Si el funcionario les da una aplicación diferente de aquella a lo que están destinados dentro del ámbito de la administración pública y los invierte para satisfacer fines distintos de los asignados por la ley general de presupuesto o por leyes especiales, está cometiendo el delito de malversación, también denominado delito de aplicación indebida de caudales públicos o destino indebido de fondos públicos los que se encuadra dentro de los delitos contra la administración”.
“La función de la leyenda 'Uso Oficial Exclusivo' tiende a ratificar el principio de que el funcionario o administrador que, con arreglo a los ordenamientos respectivos, posee facultades de disposición de los bienes, debe darle exclusivamente el uso que corresponde y, además, otorga a la ciudadanía otra herramienta de control y observancia para que el mencionado bien cumpla la función por la cual fue adquirida”, explica el concejal.